Desaparición Forzada

 

Resumen de los 5 casos de desaparición forzada
con  sentencia en Guatemala hasta el día de hoy (28.2.2014.)
“El desaparecido nunca  esta tan presente  como cuando no está” Marina García de Villagrán.


La desaparición forzada es un delito sumamente infame. No solo quita la libertad y en algún momento la vida, también pretende destruir relaciones humanas. Un ser humano recibe golpes fuertes durante la vida, pero si no muere se puede levantar. La desaparición forzada busca aniquilar esta capacidad en los familiares. Mantiene la esperanza que la persona sigue viviendo por lo la familia no puede despedirse nunca; no puede cerrar el ciclo de duelo y el volver a levantar es extremadamente más difícil.


Además la comisión del delito lleva la semilla de la impunidad estructural. Comete el delito quien niegue la captura o oculte el paradero; parte de la tipificación de este delito es la creación de su misma impunidad y con ella el sabotear sistemático de su persecución.   


La desaparición Forzada en Guatemala destrozó  más de cuarenta y cinco mil familias;  por cada desaparecido en nuestro país hay  alguien quien le llora, le espera y no le olvida. En Guatemala la desaparición forzada fue incluida en 1996 en nuestro ordenamiento Penal  en el articulo 201 Ter, a través  del Decreto Numero 33-96. Desde entonces  existe la esperanza, de judicializar a los responsables de dicho crimen para estas familias que siguen intentando dar con su paradero. La Corte de Constitucionalidad aceptó en 2008 (apelación 929-2008) el carácter continuo del delito.


En 2 de estos 5 casos la querella adhesiva fue presentada por el BDH (en uno junto con FAMDEGUA), en los demás por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y/o la Procuradoría de DDHH (PDH):


Caso Chotalum o caso Cusanero:  Entre 1982 y 1984 desaparecieron en Chotalum minimamente 6 personas (Alejo Culajay Hic, Santiago Sutuj, Encarnación López López, Filomena López Chajchacuin, Mario Augusto Tay Cajtil y Lorenzo Avila) cuyas familias exigieron información a Felipe Cusanero, comisionado militar en dicha población. El negó la misma ocultando de esta manera la práctica sistematizada de desaparición forzada. Tristemente célebre su reacción frente a los familiares en este entonces: “… no se les podía dar en libertad, porque eran mala semilla.” El 7.11.2009, por primera vez en Guatemala, se da una sentencia por el delito de desaparición forzada cuando el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Chimaltenango condena a Felipe Cusanero COJ a  25 años  de prisión por cada una de las víctimas, en total ciento cincuenta años de prisión.


Caso El Jute: El 19 de octubre del 1981 fueron desaparecidos 8 personas (Jacobo Crisóstomo  Chagüen, Miguel Ángel Chagüen Crisóstomo, Raúl Chagüen, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo Rivera, Valentín Gallardo Rivera, Santiago Gallardo Rivera y Transito Rivera) bajo las órdenes del coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa, jefe de la Zona Militar de Zacapa. El 3.12.2009 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula  lo condenó junto con los  Comisionados Militares  José Domingo Ríos Martínez, Gabriel Álvarez Ramos y Salomón Maldonado Ríos a una pena privativa de la libertad de cincuenta y tres años.   Dentro del proceso  vale resaltar  que la acusación originalmente fue admitida por detención ilegal, pero la sentencia fue emitida por desaparición forzada. El tribunal declaró abierto el procedimiento penal contra el Ministro de la Defensa Nacional, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Comandante de Reservas Militares del departamento de Chiquimula.     


Caso Fernando García (1): En 1984 fue capturado el estudiante Edgar Fernando García en una cínicamente llamada “operación limpieza” de la Policía Nacional y desapareció posteriormente para siempre. El 28.10.2010 el Tribunal Octavo de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente condena a los señores Héctor Roderico Ramírez Ríos y  Abraham Lancerio Gómez en su calidad de agentes de la Policía Nacional Civil (PN) a cuarenta años de prisión por  dicha desaparición, argumentando que ya la captura dentro un operativa general de capturas de cualquier persona sospechosa de actividades opuestas al régimen era ilegal y parte de la práctica de desaparición forzada sistemática de este entonces; importante destacar que por primera vez se aportó pruebas procedentes del Archivo Histórico de la PN al proceso, así mismo el   documentos  conocido como “Diario Militar”;  en la sentencia se les da valor probatorio, puesto que acreditan las medidas coercitivas y violentas que el gobierno de esa época ejerció para atacar a los declarados enemigos internos.


Caso Fernando García (2): En el mismo caso, tres años más tarde, el veinte de septiembre de dos mil trece, el Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente Mayor Riesgo “A” condena al Señor Héctor Rafael Bol de la Cruz, el ex director de la PN en 1984,  y a Jorge Alberto Gómez López Jefe del Cuarto  Cuerpo   a cuarenta años de  prisión inconmutables por la de desaparición forzada del mismo Edgar Fernando García; momento histórico puesto que fueron condenados altos mandos de la estructura  de la Policía Nacional y quedo acredita que la Policía Nacional, fue un instrumento contra insurgente subordinado al Ejercito de Guatemala.
Caso Paredes Cheguen: En enero del 1982 fue desaparecido el estudiante Edgar Leonel Paredes Cheguen por las fuerzas de seguridad; 29 años después, el 15.4.2011 el Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y de Delitos Contra el Ambiente de Chiquimula absuelve al señor Isidro Cardona Osorio, conocido como Comisionado Militar en Chiquimula; la absolución se da bajo el argumento que no pudo demostrarse  con certeza  que el acusado tuviera la calidad de comisionado militar y que hubiere ejecutado acciones idóneas tendiente a consumar los ilícitos acusados; eso a pesar de existir un testigo presencial (hermano de la víctima) que lo vinculaba con el hecho; esta sentencia posteriormente fue revocada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa. El once de marzo de dos mil trece  un nuevo tribunal condena al señor  Isidro Cardona Osorio a cincuenta años con seis meses por los delitos de desaparición forzada  y delitos contra los deberes de la humanidad. Acreditando con el testimonio de la victima  que efectivamente el señor Isidro Cardona Osorio era conocido como comisionado Militar, y que con el poder que envestía  tenía el poder,  control  de dicho cargo y que fue actor responsable de la Desaparición  forzada de Edgar Leonel Paredes Chagüen.
“Cuando las generaciones venideras juzguen a nuestra generación, no la condenarán por lo horrendos crímenes de los malos, sino por el ominoso silencio de los buenos” M Gandhi.

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