La amnistía: ¿Impunidad o Reconciliación?

 

Autor: Alexander Aizenstatd *

* Profesor de Derecho Internacional, Universidad Rafael Landivar.  Candidato Doctoral y Máster en Yale Law School. Editor del Yale Journal of International Law. Autor de más de una docena de artículos sobre derecho internacional. Acreditado para el ejercicio Profesional en Guatemala y en el Estado de Nueva York.



La amnistía es una medida extraordinaria que protege a un individuo de la persecución y castigo penal por haber cometido un acto criminal. 
 

Se origina de la palabra griega para amnesia, olvidar. No es un perdón, lo que implicaría responsabilidad y culpa. Una amnistía lleva consigo la prohibición de perseguir y remueve toda consecuencia legal para el perpetrador de un acto criminal. Es ante los ojos del derecho como si el hecho nunca hubiese ocurrido.
La amnistía es una excepción a la justicia y puede otorgarse en casos muy limitados. Algunos la justifican como un compromiso necesario entre los ideales de la justicia y los requerimientos del orden público. Las amnistías no pueden otorgarse a los principales perpetradores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio. Tanto el derecho nacional como el internacional lo prohíben. Claro que esto no significa que todo acusado de cometer esos crímenes sea culpable. Esto debería antes comprobarse ante un tribunal. La averiguación de la verdad es precisamente el fin último de todo juicio penal. Simplemente expuesto, el derecho no permite argumentar que se ha otorgado una amnistía para prevenir que dicho juicio se lleve a cabo.
 

Históricamente, la amnistía ha sido utilizada en muchos casos para evitar que las partes de un conflicto armado estén sujetas a una investigación criminal posterior. Existen muchos ejemplos en el pasado. Esto generalmente como un incentivo para renunciar a la violencia y dejar las armas. Aunque haya sucedido en el pasado, el derecho internacional y la protección de los derechos fundamentales han evolucionado desde entonces. Luego de la miseria de las dos guerras mundiales durante el siglo XX, el ámbito de las amnistías se ha visto estrictamente reducido. La amnistía no puede hoy constituir un obstáculo para la persecución penal de las más graves violaciones al derecho internacional.

 

La tragedia y el sufrimiento son una consecuencia inevitable del conflicto armado. Pero incluso entonces existen reglas que rigen la conducta de los combatientes en ambos lados. Aún en la guerra existen normas de cumplimiento obligatorio. La prohibición del genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra es la más fundamental de ellas. De hecho, la protección de los miembros más débiles de la sociedad es usualmente la excusa para el conflicto armado en primer lugar. Por lo tanto no puede el conflicto servir de justificación para dañar a los más vulnerables. Las nobles intenciones de los combatientes o los fundamentos morales de la batalla no remueven la aplicabilidad de esos principios elementales. La caracterización del enemigo como un malvado o su renuencia a adherirse a las mismas reglas no las remueven tampoco.


Cuando esos principios básicos no se cumplen, no son consecuencias tolerables del conflicto armado sino actos criminales. En estos casos los Estados tienen la obligación de investigar y juzgar a los responsables.
La prohibición de la amnistía resulta más clara en los conflictos de naturaleza internacional, pero también existe cuando el conflicto tiene un carácter estrictamente nacional. La amnistía ha dejado de ser un asunto interno dentro de la discreción del Estado en el ejercicio de sus poderes soberanos. Bajo el derecho internacional humanitario, que es la rama del derecho que rige el conflicto armado, la facultad de otorgar amnistías en casos de graves violaciones al derecho internacional es limitada. El artículo 6(5) del Protocolo Adicional II a las Convenciones de Ginebra permite otorgar amnistía a aquellos que hayan participado en conflictos armados internos. Pero esta disposición es limitada en su enfoque y aplica únicamente para la inmunidad que resulta del simple hecho de pertenecer a grupos combatientes. Esto significa que se aplica solamente a los delitos que resulten tan solo por integrar grupos que tomaron parte en las hostilidades y no por actos criminales realizados por cada individuo. Tanto académicos, tribunales, y el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, han sostenido que la inmunidad derivada de esta norma no es aplicable a los acusados de cometer graves violaciones contra el derecho internacional.

 

Esto no significa que la amnistía nunca sea permisible en el contexto de conflictos armados. Algunas amnistías restringidas pueden ser legales para delitos menores  y en el caso de delitos políticos muchas veces son necesarias. Incluso en esos casos, solamente puede ser otorgada y mantenida cuando exista una confesión, disculpa, renuncia a la violencia y contribución a la paz por parte del que se beneficia de ella. Pero bajo el actual estado del derecho no es permitido otorgar amnistías a los acusados de graves violaciones al derecho internacional.

 


Debe de resaltarse que la limitación a la amnistía y la obligación de juzgar es aplicable a los perpetradores de cualquier bando. Las más graves violaciones contra el derecho internacional pueden ser cometidas por fuerzas rebeldes, agentes del Estado y cualquier otro actor. No existe un monopolio del sufrimiento y todos tienen el derecho a ser protegidos por la ley.

 


Además de su enfoque limitado bajo el derecho internacional humanitario, las amnistías también están prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas convenciones internacionales establecen específicamente la obligación de prevenir y castigar actos de genocidio, tortura, desapariciones forzadas y otros delitos. Esta obligación es incompatible con la amnistía. Otros tratados más amplios como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos garantizan el derecho a la vida, dignidad, justicia y protección contra la agresión. Un Estado no puede legalmente evitar investigar estos crímenes, sin violar sus obligaciones internacionales y los derechos de las víctimas. Incluso tiene la obligación de llevarlas a cabo si las víctimas o sus familiares se opusieran a ellas.

 


La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional cuyas decisiones el Estado de Guatemala se ha comprometido a respetar. Esta Corte ha establecido consistentemente que las amnistías en casos de graves violaciones al derecho internacional no son permisibles, incluso durante conflictos armados internos. Recientemente en el caso de Rio Negro, la Corte estableció que Guatemala no puede aplicar amnistías para evitar cumplir con su obligación de investigar y juzgar a los responsables de cometer graves violaciones. Lo mismo ha resuelto en casos relacionados con El Salvador, Uruguay, Brasil, entre otros. 

 

Además del derecho internacional cabe notar que el derecho guatemalteco tampoco ha otorgado amnistía en caso de graves violaciones al derecho internacional. Las normas que se refieren a la amnistía han sido limitadas a crímenes de naturaleza política. Las graves violaciones al derecho internacional han sido expresamente excluidas de la amnistía según el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. Los decretos que tratan sobre la amnistía desde por lo menos 1976 y la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 aplican únicamente a delitos de naturaleza política, cuyo objetivo sea la desestabilización de la autoridad pública. La víctima principal de los delitos políticos es el Estado mismo. Tal y como la misma ley establece, ejemplos de delitos políticos son actos de traición, rebelión, revelación de secretos, conspiración, espionaje y otros similares. Aunque puedan estar políticamente motivados, el genocidio, crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad no son delitos políticos. Son crímenes contra la vida, dignidad y el bienestar de las personas, no de los Estados. Por ejemplo, un asesinato con motivos económicos no deja de ser un delito contra la vida para volverse en un crimen económico.

 


Bajo los estándares legales nacionales las amnistías para las graves violaciones del derecho internacional en todo caso serían inconstitucionales. El Congreso únicamente tiene la autoridad para otorgar amnistías para delitos de naturaleza política. El artículo 171(g) de la Constitución establece que el Congreso puede “decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando lo exija la conveniencia pública”. Este texto fue tomado literalmente del artículo 170(7) de la Constitución de 1965. Anteriormente, el artículo 119(16) de la Constitución de 1945 contenía ese mismo lenguaje pero sin la limitación a la naturaleza política de los crímenes. Esto evidencia la evolutiva limitación de la amnistía y la intención constitucional de restringirla a los delitos de naturaleza política. Los delitos conexos tampoco pueden ser más graves que los políticos. Argumentar que la facultad general para emitir leyes permite al Congreso otorgar amnistías para cualquier delito, haría que la limitación a los delitos políticos en el artículo 171(g) que es específico en materia de amnistía carezca de sentido. Por lo tanto, cualquier ley que otorgare amnistía para graves violaciones del derecho internacional rebasaría los límites de la autoridad legislativa.

 


En todo caso, aunque no fuere legal, algunos podrán argumentar que la amnistía es legítima como condición esencial para la obtención de la paz social luego del conflicto. Podrían argumentar que es necesaria como un incentivo para prevenir futuras hostilidades. Que en algún momento los ideales de la justicia deben ser diferidos para tomar medidas realistas de estabilidad política. Pero no es realista asumir que la paz y las instituciones públicas encargadas de la justicia puedan edificarse al menos que se resuelva toda sospecha del cometimiento de graves violaciones. En caso contrario se promueve la idea que la justicia no es un requisito indispensable para la construcción de un estado democrático. Admitir la amnistía en estos casos, significaría que la paz y la justicia son mutuamente excluyentes.